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Disposiciones

19 Nov
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<<Disposiciones ADICIONALES (4)>>

1ª_ La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.

2ª_ La declaración de mayoría de edad contenida en el artículo 12, no perjudica las situaciones amparadas por los derechos forales en el ámbito del Derecho privado.

3ª_ La modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del órgano provisional autonómico.

4ª_ En las Comunidades Autónomas donde tengan su sede más de una audiencia Territorial, los Estatutos de Autonomía respectivos podrán mantener las existentes, distribuyendo las competencias entre ellas, siempre de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.

<<Disposiciones TRANSITORIAS (9)>>

1ª_ En los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, sus órganos colegiados superiores, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, podrán sustituir la iniciativa que el apartado 2 del artículo 143 atribuye a las Diputaciones Provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes.

2ª_ Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de estatuto de autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con regímenes provisionales de autonomía, podrán proceder inmediatamente en la forma que se prevé en el apartado 2 artículo 148, cuando así lo acordaren, por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno. El proyecto de Estatuto será elaborado de acuerdo con lo establecido en el artículo 151 número 2 a convocatoria del órgano colegiado preautonómico.

3ª_ La iniciativa del proceso autonómico por parte de las Corporaciones locales o de sus miembros, prevista en el apartado 2 artículo 143, se entiende diferida, con todos sus efectos, hasta la celebración de las primeras elecciones locales una vez vigente la Constitución.

4ª_ 1. En el caso de Navarra, a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptara su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos emitidos.

  1. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto periodo del mandato del Órgano Foral competente, y en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143.

5ª_ Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas si así lo deciden sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante una ley orgánica, artículo 144

6ª_ Cuando se remitieran a la Comisión Constitucional del Congreso varios proyectos de estatuto, se dictaminarán por el orden de entrada en aquélla, y en el plazo de 2 meses a que se refiere el artículo 151 empezará a contar desde que la Comisión termine el estudio del proyecto o proyectos de que sucesivamente haya conocido.

7ª_ Los organismos provisionales autónomos se considerarán disueltos en los siguientes casos:

  1. Una vez constituidos los órganos que establezcan los Estatutos de autonomía aprobados conforme a esta Constitución.
  2. En el supuesto de que la iniciativa del proceso autonómico no llegara a prosperar por no cumplir los requisitos previstos en el artículo 143.
  3. Si el organismo no hubiera ejercido el derecho que le reconoce la disposición transitoria 1ª en el plazo de tres años.

8ª_ 1. Las Cámaras que has aprobado la presente Constitución asumirán, tras la entrada en vigor de esta, las funciones y competencias que en ella se señalan, respectivamente, para el Congreso y el Senado, sin que en ningún caso su mandato se extienda más allá del 15 de junio de 1981

  1. A los efectos de lo establecido en el artículo 99, la promulgación de la Constitución se considerará como supuesto constitucional en el que procede su aplicación. A tal efecto, a partir de la citada promulgación se abrirá un periodo de 30 días para la aplicación de lo dispuesto en dicho artículo.

Durante este periodo, el actual Presidente del Gobierno, que asumirá las funciones y competencias que para dicho cargo establece la Constitución, podrá optar por utilizar la facultad que le reconoce el artículo 115 o dar paso, mediante la dimisión, a la aplicación de lo establecido en el artículo 99, quedando en este último caso en la situación prevista en el apartado 2 del artículo 101

  1. En caso de disolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115, y si no se hubiera desarrollado legalmente lo previsto en los artículos 68 y 69, serán de aplicación en las elecciones las normas vigentes con anterioridad, con las solas excepciones de que en lo referente a inelegibilidades e incompatibilidades se aplicará directamente lo previsto en el inciso segundo de la letra b) del apartado 1 del artículo 70 de la Constitución, así como lo dispuesto en la misma respecto a la edad para el voto y lo establecido en el artículo 69.3

9ª_ A los tres años de la elección por vez primera de los miembros del Tribunal Constitucional se procederá por sorteo para la designación de un grupo de cuatro miembros de la misma procedencia electiva que haya de cesar y renovarse. A estos solos efectos se entenderán agrupados como miembros de la misma procedencia a los dos designados a propuesta del Gobierno y a los dos que proceden de la formulada por el Consejo General del Poder Judicial. Del mismo modo se procederá transcurridos otros tres años entre los dos grupos no afectados por el sorteo anterior. A partir de entonces se estará a lo establecido en el número 3 del artículo 159.

<<Disposición DEROGATORIA>>

  1. Queda derogada la Ley 1/1977, de 4 de enero para la Reforma Política, así como, en tanto en cuanto no estuvieran ya derogadas por la anteriormente mencionada Ley, la de Principios del Movimiento de 17 de mayo de 1958 el Fuero de los Españoles de 17 de julio de 1945, el de Trabajo de 9 de marzo de 1938, la Ley Constitutiva de las Cortes de 17 de julio de 1942, la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 26 julio de 1947, todas ellas modificadas por la Ley orgánica del Estado de 10 de enero de 1967 y en los mismos términos esta última y la de Referéndum Nacional de 22 de octubre de 1945
  2. En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera definitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839, en lo que pudiera afectar a las provincias de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya.

En los mismos términos se considera definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de 1876.

  1. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución

<<Disposición FINAL>>

Esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el “Boletín Oficial del Estado”. Se publicará también en las demás lenguas de España. Por tanto: “Mando a todos los españoles particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Constitución como norma fundamental del Estado”.

 

Nota: Comente cuando empecé con este ejercicio, intentaría hacer un resumen practico para el estudio de la Constitución, el que lo necesite se lo hago llegar, se la envió en PDF

Título X

29 Oct
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<<TÍTULO X DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL (Art. 166 a 169)>>

Art. 166 Iniciativa: De la reforma constitucional se ejercerá en los términos previsto en los apartados 1 y 2 del art. 87. “87.1 Corresponde al Gobierno, Congreso y el Senado. 87.2 A las asambleas de las CC.AA podrán solicitar al Gobierno, un proyecto de ley o remitir a la Mesa de Congreso una PROPOSICION DE LEY, delegando ante la Cámara un máx. de 3 MIEMBROS encargados de su defensa”.

Art. 167 Tramitación: 167.1 Los proyectos de la reforma deberán ser aprobados por una mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras. Si no hubiere acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. 167.2 De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso por mayoría de 2/3 podrá aprobar la reforma. 167.3 Aprobada la reforma por las Cortes Generales será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los 15 días siguientes a su aprobación, una décima parte de sus miembros de cualquiera de las Cámaras.

Art. 168 168.1 Cuando se propusiere la revisión total o parcial de la Constitución o una parcial que afecta al Título Preliminar, al capítulo 2º Sección 1º del Título 1 o al Título I o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de 2/3 de cada Cámara y a la disolución de las Cortes. 168.2 Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto, que deberá ser aprobado por mayoría de 2/3 de ambas Cámaras. 168.3 Aprobada la reforma de la Constitución por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

Art. 169 No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de los estados previstos en el art. 116 “Estados de alarma, excepción y sitio”.

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Título IX

29 Oct
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<<DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (Art. 159 a 165)>>

Art. 159 Composición: 159.1 Se compone de 12 miembros nombrados por el Rey:

  • 4 a propuesta del Congreso por mayoría de tres cuartos de sus miembros.
  • 4 a propuesta del Senado con idéntica mayoría.
  • 2 a propuesta del Gobierno.
  • 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

159.2 Deberá ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. 159.3 Serán designados por un período de 9 años y se renovarán por terceras partes cada tres.

159.4 Es incompatible:

  • Todo mandato representativo.
  • Cargos políticos o administrativos.
  • Desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato, con el empleo al servicio de estos.
  • Ejercicio de la carrera judicial y fiscal.
  • Cualquier actividad profesional o mercantil.
  • En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades de los miembros del Poder Judicial.

159.5 Serán INDEPENDIENTES e INAMOVIBLES en el ejercicio de su mandato.

Art. 160 Presidente: Será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de 3 años.

Art. 161 Competencias: 161.1 El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer:

  • Recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia recaída no perderá el valor de cosa juzgada.
  • Recurso de amparo por violación de los derechos y libertades, art. 53.2 “Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el art. 14 y la Sección primera del Capítulo II ante los tribunales, por los principios de PREFERENCIA y SUMARIEDAD, o recurso de amparo en el Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el art. 30” en los casos y formas que la ley establezca.
  • Conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de estas entre sí.
  • De las demás materias que le atribuyan la constitución o las leyes orgánicas.

161.2 El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior de 5 meses.

Art. 162 162.1 Están legitimados:

  • Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y en su caso el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
  • Para interponer recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

162.2 En los demás casos la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados.

Art. 163 Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, puede ser contraria a la Constitución, planeará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.

Art. 164 164.1 Las sentencias se publicarán en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tiene el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen menos efectos frente a todos. 164.2 Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.

Art. 165 Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones.

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Título VIII

29 Oct
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<<DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO (Art. 137 a 158)>>

Capítulo I Principios Generales (Art. 137 a 139)

Art. 137 Entidades: El Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía.

Art. 138 P. Solidaridad:  138.1 El Estado garantiza el principio de solidaridad, (art.2) velando por un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, atendiendo a las circunstancias del hecho insular. 138.2 Las diferencia entre los Estatutos de las Comunidades Autónomas, no podrá implicar privilegios económicos o sociales.

Art. 139 P. Igualdad: 139.1 Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones. 139.2 Ninguna autoridad podrá tomar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio.

Capítulo II De la Administración Local (Art. 140 a 142)

Art. 140 Municipio: La Constitución garantiza la autonomía de los municipios.

  • Tienen personalidad jurídica plena.
  • Gobierno y administración por el Ayuntamiento.
  • Integrado por alcalde y concejales.
  • Concejales elegidos por los vecinos, sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.
  • Alcaldes elegidos por los concejales o por vecinos.
  • La ley regulará el reconocimiento de Concejo Abierto.

Art. 141 Provincia: 141.1 Es una entidad local con personalidad jurídica propia, agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites de provincia habrá de ser autorizada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. 141.2 El gobierno y la administración esta encomendada a Diputaciones u otras Corporaciones. 141.3 Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. 141.4 Las islas tendrán su administración propia en forma de Cabildos o Consejos.

Art. 142 Organización: Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para sus funciones que les atribuye a las Corporaciones, se nutrirá fundamentalmente de tributos propios, y de participación del Estado y Comunidades Autónomas.

Capítulo III De las Comunidades Autónomas (Art. 143 a 158)

Art. 143 Derecho autonomía: 143.1 Según el art. 2 de la Constitución, podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas:

  • Provincias limítrofes con características históricas, económicas y culturales comunes.
  • Territorios insulares.
  • Provincias con entidad regional histórica.

143.2 La iniciativa corresponde:

  • Diputaciones interesadas u al órgano interinsular correspondiente.
  • 2/3 de los municipios, cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.
  • En el plazo de 6 meses desde el primer acuerdo adoptado por la primera corporación local.

143.3 La iniciativa en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados 5 años.

Art. 144 Motivos interés nacional: Las Cortes mediante ley orgánica podrá por motivos de interés nacional:

  1. Autorizar la construcción de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del art. 143
  2. Autorizar o acordar, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial.
  3. Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del art. 143.

Art. 145 145.1 No se admitirán la federación de Comunidades Autónomas. 145.2 Los Estatutos podrán prever requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, con la comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre Comunidades Autónomas necesitaran la autorización de las Cortes Generales.

Art. 146 Proyecto: Será elaborado por una asamblea compuesta por:

  • Lo miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas.
  • Diputados y Senadores elegidos en dichas provincias.
  • Serán elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley.

Art. 147 Los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. 147.2 Los Estatutos deberán contener:

  • Denominación de la Comunidad.
  • Delimitación de su territorio.
  • Denominación, organización y sede de la instituciones autónomas propias.
  • Competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios.

147.3 La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.

Art. 148 Competencias de las Comunidades Autónomas: 148.1 Las Comunidades Autónomas podrán asumir las competencias en las siguientes materias.

  • Organización de instituciones de autogobierno.
  • Alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autoricen la legislación sobre Régimen Local.
  • Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
  • Obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.
  • Ferrocarriles y carreteras cuyo itinerarios se desarrollen íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos mismos términos o por cable.
  • Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.
  • Agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
  • Montes y aprovechamiento forestales.
  • Gestión en materia de protección del medio ambiente.
  • Proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma, aguas minerales y termales.
  • Pesca en aguas de interior; marisqueo y acuicultura; caza y pesca fluvial.
  • Ferias interiores.
  • Fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.
  • Artesanía.
  • Museos, bibliotecas y conservación de la música.
  • Patrimonio monumental de interés para la Comunidad Autónoma.
  • Fomento de la cultura, de la investigación y, es su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.
  • Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.
  • Promoción del deporte y de la adecuada utilización de ocio.
  • Asistencia social.
  • Sanidad e higiene.
  • Vigilancia y protección de edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica.

148.2 Transcurridos 5 años y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sus competencias dentro del marco establecido en el art.149

Art. 149 Competencias del Estado: 149.1 Las competencias del Estado:

  • Regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los españoles en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de los deberes.
  • Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
  • Relaciones internacionales.
  • Defensa y fuerzas armadas.
  • Administración de justicia.
  • Legislación mercantil, penal, penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.
  • Legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.
  • Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. Las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respecto, en este último caso, a las normas de derecho floral o especial.
  • Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
  • Régimen aduanero y arancelario; comercia exterior.
  • Sistema monetario; divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de créditos, banca y seguros.
  • Legislación sobre pesas y medidas, hora oficial.
  • Bases y coordinación de la planificación general de las actividades económicas.
  • Hacienda general y deuda del Estado.
  • Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
  • Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos.
  • Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social.
  • Bases del régimen jurídico de la Administración Pública y del régimen estatutario de sus funcionarios, garantizando a los administradores un tratamiento común entre ellas. El procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas. Legislación sobre expropiación forzosa. Legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas.
  • Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas.
  • Marina mercante y abanderamiento de buques, iluminación de costas y señales marítimas, puertos de interés general, aeropuertos de interés general, control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves.
  • Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma. Régimen general de comunicación, tráfico y circulación de vehículos de motor; correos y comunicaciones, cables aéreos, submarinos y radiocomunicación.
  • Legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos, cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de instalaciones eléctricas, cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad, o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.
  • Legislación básica, sobre protección del media ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección, legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.
  • Bases del régimen minero y energético.
  • Régimen de protección de comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.
  • Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión, en general de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.
  • Defensa de patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación: museos, bibliotecas, y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio, de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.
  • Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías autonómicas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.
  • Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del art. 27 (Derecho a la Educación) a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
  • Estadísticas para fines estatales.
  • Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.

149.2 Sin perjuicio de las competencias que podrá asumir las CC.AA. el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las CC.AA. de acuerdo con ellas.

149.3 Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas en virtud de sus Estatutos. La competencia sobre materias que no hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuya norma prevalecerá en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

Art. 150 Leyes estatales relacionadas con las CC.AA. 150.1 Leyes Marco: Emanan de las Cortes Generales, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los tribunales, se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas. 150.2 Leyes de transferencia: Son leyes orgánicas, tienen por objeto transferir o delegar a las Comunidades Autónomas, materias de titularidad estatal, que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley dispondrá, también la transferencia de los medios financieros y las fórmulas de control que el Estado se reserve. 150.3 Leyes de armonización: Las dicta las Cortes Generales con el objeto de armonizar la legislación de las Comunidades Autónomas sobre determinadas materias de su competencia, cuando el interés general lo exija. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara la aprobación.

Art. 151 Estatuto: 151.1 No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años, Art.148.2, cuando la iniciativa del proceso sea acordada dentro del plaza, Art.143.2, (diputaciones o órganos interinsulares, por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representa al menos la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum, por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca la ley orgánica). 151.2 En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboración del Estatuto será el siguiente.

  1. El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, para la elaborar el Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de mayoría absoluta de sus miembros.
  2. Aprobado el proyecto de Estatuto, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva.
  3. Si se alcanzase dicho acuerdo, el texto será sometido a referéndum del electorado de las provincias del ámbito territorial del proyecto del Estatuto.
  4. Si el proyecto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos, será elevado a las Cortes Generales. Los Plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley.
  5. De no alcanzar el acuerdo, apartado 2, el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por estas será sometido a referéndum del electorado de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyecto del Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior.

151.3 En los casos de los párrafos 4 y 5 del apartado anterior, la no aprobación del proyecto de Estatuto por una o varias provincias no impedirá la constitución entre las restantes de la Comunidad Autónoma, en la forma que establezca la ley orgánica prevista en el apartado 1 de este artículo.

Art. 152 152.1 Los Estatutos aprobados por el art.151:

  • Se basará en una Asamblea Legislativa, sufragio universal, representación proporcional que asegure la representación de las diversas zonas del territorio.
  • Un Consejo de Gobierno con funciones ejecutiva y administrativas.
  • Un Presidente elegido por la Asamblea de entre sus miembros, nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación en la Comunidad y la ordinaria del Estado en aquella.
  • El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables de la Asamblea.
  • Un Tribunal de Justicia, sin perjuicio de lo que corresponde al Tribunal Supremo. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrá establecerse los supuestos y las formas de participación en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello según la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad de independencia de éste. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art.123 “El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales” las sucesivas instancias procesales, se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia.

152.2 Una vez sancionado y promulgado los Estatutos, solamente podrá ser modificado mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes. 152.3 Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias que gozarán de plena personalidad jurídica.

Art. 153 El control de actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas:

  • Tribunal Constitucional, relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley.
  • Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado en las funciones delegadas en el apartado 2 art. 150 “Leyes de transferencia: Son leyes orgánicas, tienen por objeto transferir o delegar a las Comunidades Autónomas, materias de titularidad estatal, que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley dispondrá, también la transferencia de los medios financieros y las fórmulas de control que el Estado se reserve”
  • Contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias.
  • Tribunal de Cuentas, económico y presupuestario.

Art. 154 Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma, coordinándola cuando proceda con la administración de la Comunidad.

Art. 155 155.1 Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución, o actuar de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma, en caso de no ser atendido, con la aprobación de mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar el cumplimiento forzoso de las obligaciones o para la protección del interés general. 155.2 Para la ejecución de las medidas, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Art.156 Autonomía financiera: 156.1 Gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre los españoles. 156.2 Podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, gestión y liquidación de los recursos tributarios de acuerdo con las leyes y los Estatutos.

Art.157 Recursos: 157.1 Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por:

  • Impuestos cedidos parcial o totalmente por el Estado.
  • Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.
  • Transferencias de un Fondo de Compensación Interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
  • Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado.
  • Productos de operaciones de crédito.

157.2 No podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios. 157.3 Por una ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado.

Art.158 158.1 En los PGE podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos. 158.2 Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales en las Comunidades Autónomas y provincias en su caso.

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Título VII

17 Oct
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<<ECONOMÍA Y HACIENDA (Art. 128 a 136)>>

Art. 128 128.1 Toda la riqueza del país sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. 128.2 La iniciativa pública en la actividad económica se reconoce mediante ley, podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, en caso de monopolio y la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

Art. 129 Seguridad Social: 129.1 La ley establecerá las formas de participación en la Seguridad Social, y en la actividad de los servicios públicos cuando afecte a la calidad de vida o al bienestar general. 129.2 Promoverán las diversas formas de participación en la empresa, fomentando mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas, también establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.

Art. 130 130.1 También los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos, en particular, agricultura, ganadería, pesca y artesanía, con el fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles. 130.1 Con el mismo fin, se dispensará un tratamiento especial a las zonas de la montaña.

Art. 131 131.1 El Estado, podrá planificar actividades económicas para atender necesidades colectivas, equiparar y armonizar el desarrollo regional y sectorial, estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza. 131.2 El Gobierno, elaborará proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones de la Comunidades Autónomas, asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley.

Art. 132 Dominio Público: 132.1 La ley regulará el régimen jurídico de dominio público, y bienes comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación. 132.2 Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley, y en todo caso:

  • Zona marítimo-terrestre.
  • Playas.
  • El mar territorial.
  • Los recursos naturales de la zona económica.
  • La plataforma continental.

132.3 Por ley se regulará el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional; administración, defensa y conservación.

Art. 133 Tributos: 133.1 Mediante ley, el Estado tiene la protestad de establecer los tributos. 133.2 Comunidades Autónomas y Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos. 133.3 Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley. 133.4 Las Administraciones Públicas solo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con la ley.

Art. 134 Presupuestos Generales del Estado: 134.1 Corresponde al Gobierno su elaboración y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. 134 2 Tienen carácter anual, son los gastos e ingresos del sector público estatal y se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. 134.3 El Gobierno deberá presentar ante el Congreso los PGE, al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. 134.4 Si la ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. 134.5 Aprobados, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento de gasto o disminución de ingresos correspondiente al mismo ejercicio presupuestario. 134.6 Toda proposición o enmienda que suponga aumento de créditos o disminución ingresos, requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación. 134.7 La ley de Presupuestos no puede crear tributos, podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.

Art. 135 Deuda Pública: 135.1 Para contraer créditos o deuda pública, el Gobierno habrá de estar autorizado por ley. 135.2 Los créditos para satisfacer el pago de interés y capital de la Deuda Pública del Estado, estarán incluidos en los gastos de los presupuestos no pudiendo ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajustan a las condiciones de la ley de emisión.

Art. 136 Tribunal de Cuentas: 136.1 Es el órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como la del sector público. Depende directamente de las Cortes Generales ejerce sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de las Cuentas Generales del Estado.136.2 Las Cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas. 136.3 Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inmovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades de los Jueces. 136.4 Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas.

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Título VI

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<<TÍTULO VI DEL PODER JUDICIAL (Art. 117 a 127)>>

Art. 117 La justicia:  117.1 Emana del pueblo, se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial. INDEPENDIENTES, INAMOVIBLES, RESPONSABLES y SOMETIDOS UNICAMENTE AL IMPERIO DE LA LEY. 117.2 Los Jueces y Magistrados no podrán ser SEPARADOS, SUSPENDIDOS, TRASLADADOS ni JUBILADOS, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. 117.3 La protestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgados y haciendo ejecutar lo juzgado corresponde a los Juzgados y Tribunales, determinados por las leyes. 117.4 Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior, y las que les sean atribuidas por ley en garantía por cualquier derecho. 117.5 El principio de unidad jurisdiccional es la base de ORGANIZACIÓN y FUNCIONAMIENTO de los Tribunales. La Jurisdicción militar es regulada por ley, en el ámbito castrense y en los supuestos de estado de sitio. 117.6 Se prohíben los Tribunales de excepción.

Art. 118 Es obligado cumplir las sentencias y resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, prestar colaboración en el proceso y en la ejecución de lo resuelto.

Art. 119 La justicia será gratuita, cuando lo disponga la ley, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos.

Art. 120 120.1 Los actos judiciales serán públicas, con excepciones que prevean las leyes. 120.2 El procedimiento serán predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. 120.3 Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.

Art. 121 Los daños causados por error judicial, o mal funcionamiento de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado.

Art. 122 Organización: 122.1 La ley orgánica del poder judicial, determinará la construcción, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, estatuto jurídico de Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia. 122.2 El CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL es el órgano de gobierno. La ley orgánica establecerá su estatuto y las incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.

122.3 Consejo General del Poder Judicial estará integrado:

  • Presidente del Tribunal Supremo.
  • 20 miembros nombrados por el Rey, por un periodo de 5 años.
    • 12 entre Jueces y Magistrados, de todas las categorías judiciales.
    • 4 a propuestas del Congreso de los Diputados y 4 a propuesta del Senado, elegidos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, con más 15 años en el ejercicio de su profesión.

Art 123 Tribunal Supremo: 123.1 Con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. 123.2 El Presidente será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial en la forma que determine la ley.

Art. 124 El Ministerio Fiscal: 124.1 Sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tienen como misión:

  • Promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o de petición,
  • Velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social.

124.2 Ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, a los de legalidad e imparcialidad. 124.3 La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. 124.4 El FISCAL GENERAL DEL ESTADO será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

Art. 125 Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante el Jurado, así como en los Tribunales tradicionales.

Art. 126 Policía Judicial: Depende de los Jueces, Tribunales y del Ministerio Fiscal, en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente.

Art. 127 Los Jueces, Magistrados y Fiscales mientras estén en activo, no podrán desempeñar otro cargo público, ni pertenecer a partidos políticos ni sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidad de asociación profesional de Jueces, Magistrados y Fiscales. 127.2 El régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial lo establece la ley.

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Título V

17 Oct
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<<DE LAS RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS CORTES GENERALES (Art. 108 a 116)>>

Art. 108 El Gobierno responde SOLIDARIAMENTE ante el Congreso de los Diputados.

Art. 109 Cámaras y Comisiones: podrán recabar, a través de los Presidentes, información y ayuda que precise del Gobierno y de sus Departamentos y de cualquiera autoridad del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Art. 110 110.1 Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. 110.2 Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y sus Comisiones, la facultad de hacerse oír y podrá solicitar que informe ante las mismas funcionarios de sus Departamentos.

Art. 111 111.1 El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se formulen en las Cámaras, los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal. 111.2 Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifiesta su posición.

Art. 112 Cuestión de confianza: El Presidente previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la CUESTION DE CONFIANZA, la confianza se entenderá otorgada con la MAYORIA SIMPLE de los Diputados.

Art. 113 Moción de censura: 113.1 El Congreso puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante MAYORIA ABSOLUTA de la moción de censura. 113.2 Deberá ser propuesta al menos por la DECIMA parte de los Diputados y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno. 113.3 No podrá ser votada hasta que transcurran CINCO días desde su presentación, en los DOS primeros días podrán presentarse mociones alternativas. 113.4 Si no fuese aprobada por el Congreso, los signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.

Art. 114 114.1 Si el Congreso niega la confianza al Gobierno, este presentara su dimisión al Rey, procediéndose a la designación de Presidente del Gobierno, según el Art. 99 114.2 Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentara su dimisión al Rey, y el candidato incluido se entenderá investido de la confianza de las Cámaras, según el Art. 99 el Rey lo nombrará Presidente del Gobierno.

Art. 115 Disolución:  115.1 El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Congreso de Ministros, podrá proponer la DISOLUCION DEL CONGRESO, SENADO o de las CORTES GENERALES, que será decretada por el Rey, dicho decreto fijará la fecha de las elecciones. 115.2 La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando este en trámite una moción de censura. 115.3 No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el Art. 99.5 “Si Transcurrido el plazo de dos meses, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.”

Art. 116 Estados de alarma, excepción y sitio: 116.1 Una ley orgánica regulará las competencias y limitaciones. 116.2 El estado de alarma, será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado por el Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados reunido inmediatamente sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo, el decreto determinará el ámbito territorial. 116.3 El estado de excepción, será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado por el Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación, deberá determinar los efectos de este, el ámbito territorial y su duración, no podrá exceder de 30 días prorrogables por otros 30 días. 116.4 El estado de sitio, será declarado por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados a propuesta del Gobierno, el Congreso determinará ámbito territorial, duración y condiciones. 116.5 No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados (alarma, excepción o sitio), quedando automáticamente convocadas las Cámaras, si no estuviesen en periodo de sesiones. Su funcionamiento, así como los demás poderes del Estado, no podrá interrumpirse durante la vigencia de estos estados. Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por la Diputación Permanente. 116 6 La declaración (alarma, excepción o sitio) no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.

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